La Policía Nacional ha detenido a 18 personas por delitos de falsedad documental, cohecho y revelación de secretos en dos operaciones desarrolladas en varias provincias españolas. Entre los arrestados hay vigilantes de seguridad, detectives privados y el director de una oficina de empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia.
Según informó este lunes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, nueve vigilantes de seguridad han sido arrestados en Tenerife por falsedad documental, al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada. Ocho de estos detenidos se encontraban actualmente trabajando como vigilantes en un centro de menores tinerfeño.
Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones, y otro obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como vigilante de explosivos.
En otra operación simultánea, la policía ha desmantelado una trama organizada dedicada a la obtención y comercialización ilícita de datos reservados de carácter personal. Nueve individuos han sido detenidos en Valencia, Alicante, Murcia, A Coruña, Vigo y Madrid por delitos de cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.
DETECTIVES DETENIDOS
Entre los arrestados se encuentran dos detectives privados de Madrid, el director de una oficina de empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia y otras seis personas relacionadas con agencias de información comercial con ámbito de actuación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, aunque con ramificaciones en otras comunidades autónomas.
Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales, en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado.
El entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se atribuía la condición de "detective privado" o de "perito judicial de investigación". Esta persona había sobornado a un director de una oficina de empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas físicas. Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios integrantes de la red. Los datos objeto de compraventa, como domicilios, teléfonos, DNI, localización de bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos.
lunes, 28 de febrero de 2011
Fallo en el ordenador
A ver si me podeis ayudar:
Estoy intentando descargar el convenio de seguridad privada 2009-2011 y el muñeco del ordenador me hace ésto, que puedo hacer?
Estoy intentando descargar el convenio de seguridad privada 2009-2011 y el muñeco del ordenador me hace ésto, que puedo hacer?
ASP denuncia la nueva normativa de seguridad privada ante AEPD
UNA FLAMANTE ORDEN MINISTERIAL SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCUMPLE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
La reciente Orden Ministerial 318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, establece en su artículo 14 y detalla en el Anexo IV las características que ha de tener la Tarjeta de Identidad Profesional de los Vigilantes de Seguridad (TIP).
Tal norma establece que el número de identidad profesional debe ser coincidente con el número del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero.
En contra de esta disposición, y a instancia de ASP, ya se había pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos mediante un informe en el que se concluía que no es ajustado a la ley que se exponga públicamente los datos personales de los agentes de seguridad privada.
Así, ASP trasladó puntualmente el citado informe la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Seguridad Privada entre otros, pero parece ser que lo han guardado en “saco roto”.
Por tal motivo, el Sindicato ASP, ha presentado denuncia ante la Agencia Española de protección de datos contra el Comisario Jefe D. Esteban Gándara Trueba en su. calidad de máximo jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, contra esa Unidad, contra el responsable de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, contra el responsable de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y contra el citado Ministerio en última instancia como máximo responsable por vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 del 13 de diciembre de 1999.
Con esta denuncia, ASP solicita que sea abierto el correspondiente expediente sancionador por infracción a la ley de Protección de Datos, así como a que se inicien las gestiones legales necesarias desde la Agencia Española de Protección de Datos para que se ponga fin a la pretendida inclusión de los datos protegidos en las nuevas Tarjetas de Identificación Profesional del personal habilitado de seguridad privada, y se inste con carácter de urgencia a la sustitución inmediata de las actuales tarjetas de todo el personal habilitado de seguridad privada por otras que no incluyan datos protegidos y se adecuen a la vigente ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 del 13 de diciembre de 1999.
Fuente: Ser Vigilante
La reciente Orden Ministerial 318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, establece en su artículo 14 y detalla en el Anexo IV las características que ha de tener la Tarjeta de Identidad Profesional de los Vigilantes de Seguridad (TIP).
Tal norma establece que el número de identidad profesional debe ser coincidente con el número del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero.
En contra de esta disposición, y a instancia de ASP, ya se había pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos mediante un informe en el que se concluía que no es ajustado a la ley que se exponga públicamente los datos personales de los agentes de seguridad privada.
Así, ASP trasladó puntualmente el citado informe la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Seguridad Privada entre otros, pero parece ser que lo han guardado en “saco roto”.
Por tal motivo, el Sindicato ASP, ha presentado denuncia ante la Agencia Española de protección de datos contra el Comisario Jefe D. Esteban Gándara Trueba en su. calidad de máximo jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, contra esa Unidad, contra el responsable de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, contra el responsable de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y contra el citado Ministerio en última instancia como máximo responsable por vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 del 13 de diciembre de 1999.Con esta denuncia, ASP solicita que sea abierto el correspondiente expediente sancionador por infracción a la ley de Protección de Datos, así como a que se inicien las gestiones legales necesarias desde la Agencia Española de Protección de Datos para que se ponga fin a la pretendida inclusión de los datos protegidos en las nuevas Tarjetas de Identificación Profesional del personal habilitado de seguridad privada, y se inste con carácter de urgencia a la sustitución inmediata de las actuales tarjetas de todo el personal habilitado de seguridad privada por otras que no incluyan datos protegidos y se adecuen a la vigente ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 del 13 de diciembre de 1999.
Fuente: Ser Vigilante
sábado, 19 de febrero de 2011
Nueva legislación en Seguridad privada
Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
Aspectos en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y ejercicio de sus funciones.
Con fecha de hoy 18 se han publicado en el BOE nueva reglamentación de seguridad privada en la que cabe destacar los siguientes apartados:
Formación específica:
1. Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X.
2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal de seguridad privada que hayan superado el correspondiente curso de formación específica.
No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del curso específico relacionado con ese servicio.
3. Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.
4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del campo o sus especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener condiciones específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los espacios de aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los conocimientos precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios necesarios.
cve: BOE-A-2011-3172
Aspectos en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y ejercicio de sus funciones.
Con fecha de hoy 18 se han publicado en el BOE nueva reglamentación de seguridad privada en la que cabe destacar los siguientes apartados:
Formación específica:
1. Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X.
2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal de seguridad privada que hayan superado el correspondiente curso de formación específica.
No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del curso específico relacionado con ese servicio.
3. Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.
4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del campo o sus especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener condiciones específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los espacios de aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los conocimientos precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios necesarios.
cve: BOE-A-2011-3172
Nuevas Ordenes Ministeriales BOE Nº 42 de 18 de febrero de 2011.
Cursos para desempleados (Transporte de mercancías peligrosas y Auxiliar de biblioteca)
viernes, 18 de febrero de 2011
Noticias del sector
Roban a una juez de Valdemoro mientras trabajaba en su despacho.
A plena luz del día, en su propio despacho, sin armas, un joven de origen árabe - según explicaba a la SER la propia magistrada - robó el bolso de la juez María Concepción Azuara mientras estaba trabajando en su despacho de Valdemoro: "Él esperó a que estuviera sola. Se conoce que me estuvo controlando desde fuera", comentaba la magistrada que asegura que el ladrón le amenazaba con que se estuviera quieta.
La gravedad del suceso ha provocado la apertura de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la adopción de nuevas medidas de seguridad, que falló por todos los lados.
El ladrón intentó escaparse con el bolso de la magistrada pero los gritos de ésta pusieron en alerta al personal del juzgado, al vigilante de seguridad privada y a una guardia civil que se encontraba en las dependencias, sin que nadie hiciera nada por detenerle. Nadie pudo ver por donde escapó porque el juzgado no tiene cámaras de vigilancia y tampoco pasó por el arco detector de metales, según el relato de la propia juez: "Le dije a un Guardia Civil lo que me había pasado en ningún momento le identificó", aseguraba la juez. La Comunidad de Madrid ya está poniendo remedio pero del ladrón, ni rastro.
Además, se da la circunstancia de que la magistrada había advertido al personal de su oficina y a la seguridad privada que solicitaran la identificación de cualquier persona que quisiera verla. Una medida de seguridad suplementaria dado que la juez acababa de incorporarse a este destino después de haber trabajado varios años en San Sebastián.
La Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han puesto en marcha una investigación y algunas medidas de seguridad extras para evitar sucesos similares.
Ya son 9 los arrestados en la nueva etapa de la ‘operación Bachiller’
Santa Cruz de Tenerife.- El operativo del Cuerpo Nacional de Policía, que sigue abierto, está dirigido desde Madrid y no se descartan más detenciones de vigilantes de seguridad.
A plena luz del día, en su propio despacho, sin armas, un joven de origen árabe - según explicaba a la SER la propia magistrada - robó el bolso de la juez María Concepción Azuara mientras estaba trabajando en su despacho de Valdemoro: "Él esperó a que estuviera sola. Se conoce que me estuvo controlando desde fuera", comentaba la magistrada que asegura que el ladrón le amenazaba con que se estuviera quieta.
La gravedad del suceso ha provocado la apertura de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la adopción de nuevas medidas de seguridad, que falló por todos los lados.
El ladrón intentó escaparse con el bolso de la magistrada pero los gritos de ésta pusieron en alerta al personal del juzgado, al vigilante de seguridad privada y a una guardia civil que se encontraba en las dependencias, sin que nadie hiciera nada por detenerle. Nadie pudo ver por donde escapó porque el juzgado no tiene cámaras de vigilancia y tampoco pasó por el arco detector de metales, según el relato de la propia juez: "Le dije a un Guardia Civil lo que me había pasado en ningún momento le identificó", aseguraba la juez. La Comunidad de Madrid ya está poniendo remedio pero del ladrón, ni rastro.
Además, se da la circunstancia de que la magistrada había advertido al personal de su oficina y a la seguridad privada que solicitaran la identificación de cualquier persona que quisiera verla. Una medida de seguridad suplementaria dado que la juez acababa de incorporarse a este destino después de haber trabajado varios años en San Sebastián.
La Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han puesto en marcha una investigación y algunas medidas de seguridad extras para evitar sucesos similares.
Ya son 9 los arrestados en la nueva etapa de la ‘operación Bachiller’
Santa Cruz de Tenerife.- El operativo del Cuerpo Nacional de Policía, que sigue abierto, está dirigido desde Madrid y no se descartan más detenciones de vigilantes de seguridad.
miércoles, 16 de febrero de 2011
Convenio de seguridad privada 09/11recién publicado en el B.O.E.
Pincha en la imagen para ir al enlace de la publicacion en el B.O.E.
viernes, 11 de febrero de 2011
Los datos personales del Vigilante no pueden ser expuestos publicamente
INFORME DE LA Agencia Española de Protección de Datos A PETICION DEl SINDICATO ASP
ASP, Agrupación Sindical Profesional de Personal Habilitado de Seguridad Privada, mediante escrito presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos el pasado 22 de julio de 2010, ha puesto de manifiesto ante esa institución que es práctica habitual en los juzgados españoles el que, en la celebración de juicios orales, se exponga en la entrada a la sala de vistas un listado con los juicios a celebrar, donde se exhiben a la vista de todo el mundo los datos personales de los asistentes al juicio, así como su grado de participación.
Por ello, ASP añade que los vigilantes de seguridad, puesto que tienen la obligación de detener y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes que sorprendan, han de acudir posteriormente a juicio, figurando los datos personales de aquellos profesionales a la puerta de las salas de audiencias, a la vista de cualquiera "delincuentes de todo tipo incluidos".
Por otro lado ASP ha apuntado que desde la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) perteneciente al Ministerio del Interior se está planteando la posibilidad de usar el número del DNI como número de identificación ante los ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad y sus especialidades, constando de forma visible tanto en la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) como en la placa identificativa de estos profesionales.
La Agencia Española de Protección de Datos, en atención a este escrito ha emitido un Informe al respecto con las siguientes conclusiones:
• Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los vigilantes de seguridad intervinientes en juicio, evitando la publicidad de estos datos. Deben adoptarse al respecto las pertinentes cautelas y medidas de seguridad.
• La mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales, en cuanto tales elementos constituyen medios de identificación ante los ciudadanos.
Por ello, ASP añade que los vigilantes de seguridad, puesto que tienen la obligación de detener y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes que sorprendan, han de acudir posteriormente a juicio, figurando los datos personales de aquellos profesionales a la puerta de las salas de audiencias, a la vista de cualquiera "delincuentes de todo tipo incluidos".
Por otro lado ASP ha apuntado que desde la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) perteneciente al Ministerio del Interior se está planteando la posibilidad de usar el número del DNI como número de identificación ante los ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad y sus especialidades, constando de forma visible tanto en la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) como en la placa identificativa de estos profesionales.
La Agencia Española de Protección de Datos, en atención a este escrito ha emitido un Informe al respecto con las siguientes conclusiones:
• Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los vigilantes de seguridad intervinientes en juicio, evitando la publicidad de estos datos. Deben adoptarse al respecto las pertinentes cautelas y medidas de seguridad.
• La mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales, en cuanto tales elementos constituyen medios de identificación ante los ciudadanos.
martes, 8 de febrero de 2011
Seguridad privada y Guardia Civil: Cooperación conjunta
Madrid.- La seguridad ciudadana es el principal objetivo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los organismos e instituciones vinculados a la Seguridad Privada que cubren aquellos campos que la seguridad pública no puede alcanzar o, en muchas ocasiones, comparten competencias.
Desde siempre ha existido esa división entre lo público y privado, incluso en un aspecto tan delicado como es la protección de la ciudadanía. Dichas fronteras se han visto marcadas tanto por las diferencias en financiación -en muchas ocasiones las empresas privadas cuentan con un presupuesto mayor que el de las entidades públicas- como por la formación de las unidades; así la imagen es de Guardia Civil y Policía Nacional contra los agentes de seguridad privada y viceversa. En el momento actual, en el que la seguridad ciudadana debe ser observada y tratada desde la globalización de riesgos, entidades públicas y privadas se deben complementar para enfrentarse a las nuevas formas de terrorismo, criminalidad o ilegalidad.
Ahora, en 2011, esa división se va a materializar en una colaboración conjunta. Algo en el que se está trabajando desde 2006 con el Plan de Colaboración, momento desde el que la Guardia Civil viene desarrollando un importante esfuerzo para optimizar su relación con el sector de la seguridad privada "en beneficio de la seguridad ciudadana, especialmente en su ámbito de competencias".
De esta forma, quizás problemas de seguridad como los planteados después del secuestro del pesquero Alakrana en aguas de Somalia se puedan reducir. En ese momento, las empresas de pesca españolas no tuvieron más remedio que contratar eguridad privada para que sus barcos pudieran faenar sin caer en manos de los piratas del Índico. Las voces en cuanto a la falta de formación e instrucción de estos agentes privados, obligaron a Defensa a llevar a cabo cursos de instrucción, que no dejaron muy satisfechos a muchos.
Mientras, en mayo de 2010 la Guardia Civil presentaba el Programa Coopera -que dependa del Plan de Colaboración- a través del cual se establecía un modelo de relación directa entre la Benemérita y las empresas de seguridad privadas. "El objetivo era potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información", tal y como explicaban desde la unidad encargada de desarrollar el Coopera, el Servicio de Protección y Seguridad(SEPROSE). Se trata de un programa, cuya adhesión es totalmente voluntaria, a través del cual se establecen los canales de comunicación que faciliten la relación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades privadas, para garantizar el apoyo mutuo.
Desde siempre ha existido esa división entre lo público y privado, incluso en un aspecto tan delicado como es la protección de la ciudadanía. Dichas fronteras se han visto marcadas tanto por las diferencias en financiación -en muchas ocasiones las empresas privadas cuentan con un presupuesto mayor que el de las entidades públicas- como por la formación de las unidades; así la imagen es de Guardia Civil y Policía Nacional contra los agentes de seguridad privada y viceversa. En el momento actual, en el que la seguridad ciudadana debe ser observada y tratada desde la globalización de riesgos, entidades públicas y privadas se deben complementar para enfrentarse a las nuevas formas de terrorismo, criminalidad o ilegalidad.
Ahora, en 2011, esa división se va a materializar en una colaboración conjunta. Algo en el que se está trabajando desde 2006 con el Plan de Colaboración, momento desde el que la Guardia Civil viene desarrollando un importante esfuerzo para optimizar su relación con el sector de la seguridad privada "en beneficio de la seguridad ciudadana, especialmente en su ámbito de competencias".
De esta forma, quizás problemas de seguridad como los planteados después del secuestro del pesquero Alakrana en aguas de Somalia se puedan reducir. En ese momento, las empresas de pesca españolas no tuvieron más remedio que contratar eguridad privada para que sus barcos pudieran faenar sin caer en manos de los piratas del Índico. Las voces en cuanto a la falta de formación e instrucción de estos agentes privados, obligaron a Defensa a llevar a cabo cursos de instrucción, que no dejaron muy satisfechos a muchos.
Mientras, en mayo de 2010 la Guardia Civil presentaba el Programa Coopera -que dependa del Plan de Colaboración- a través del cual se establecía un modelo de relación directa entre la Benemérita y las empresas de seguridad privadas. "El objetivo era potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información", tal y como explicaban desde la unidad encargada de desarrollar el Coopera, el Servicio de Protección y Seguridad(SEPROSE). Se trata de un programa, cuya adhesión es totalmente voluntaria, a través del cual se establecen los canales de comunicación que faciliten la relación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades privadas, para garantizar el apoyo mutuo.
domingo, 6 de febrero de 2011
Intenta agredir con un cúter al vigilante de una discoteca de Irun
BILBAO. Un varón de 39 años con ocho detenciones previas ha sido arrestado de nuevo en la madrugada de este sábado por un presunto delito de agresión con arma blanca, ya que trató de clavar un cúter a uno de los vigilantes de seguridad de una discoteca de la localidad guipuzcoana de Irun.
Según ha informado el Departamento de Interior en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las cuatro y media de la madrugada de este sábado en los accesos de la discoteca.
Una patrulla de la Policía Vasca se personó en el lugar tras ser alertada de una posible pelea, observando cómo un individuo estaba retenido por los miembros de la seguridad del establecimiento.
Según indicaron, el varón había iniciado una discusión en la entrada del local con uno de los vigilantes, llegando a esgrimir un cúter que trató de clavarle a la altura del abdomen, aunque pudo esquivar la agresión. El vigilante tuvo que refugiarse detrás de unos vehículos allí estacionados al ser perseguido por el agresor.
Finalmente, con la ayuda de otros componentes de la seguridad, se pudo controlar a este individuo hasta la llegada de los ertzainas.
El implicado, al que le fue localizada entre sus ropas parte de la citada herramienta, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para posteriormente y tras comprobar que cuenta con ocho arrestos anteriores, ser puesto a disposición judicial
viernes, 4 de febrero de 2011
CCOO pone en marcha la campaña Tiempo Libre para 2011
La Secretaría de Afiliación y Servicios de CCOO de Sevilla ha informado sobre la puesta en marcha de la nueva campaña de Tiempo Libre para este año. El periodo para la solicitud de plazas en residencias concertadas finaliza el próximo día 2 de marzo. Al igual que en años anteriores, las plazas ya no se adjudican por orden alfabético sino que se asigna un número a cada solicitud, siendo la adjudicación de las plazas en función del mismo. Con respecto a las plazas que no están concertadas con CCOO, como las de Andalucía, las solicitudes deben entregarse directamente en la Junta de Andalucía.
La Secretaría de Servicios de CCOO de Sevilla ha informado de la puesta en marcha de la campaña para las residencias de Tiempo Libre en 2011. El sindicato cuenta con plazas concertadas en las residencias de Galicia, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Valencia.
Las plazas de esta residencia se pueden entregar en las sedes de CCOO, rellenando el formulario que se encuentra en la página Web confederal, www.ccoo.es, sección servicios. Con respecto a las residencias no concertadas, las solicitudes para Andalucía se deben entregar en la Junta de Andalucía; las solicitudes de País Vasco y Madrid se deben remitir a las residencias directamente. En los documentos enlazados a esta información se encuentran los folletos informativos de Tiempo Libre 2011, la información sobre la campaña editada por la Secretaría de Servicios de CCOO de Sevilla, e información de cada una de las residencias con las que el sindicato tiene plazas concertadas.
En estos documentos están los plazos de solicitudes, las instrucciones para cumplimentar las mismas y los turnos disponibles de cada residencia.
Las plazas de esta residencia se pueden entregar en las sedes de CCOO, rellenando el formulario que se encuentra en la página Web confederal, www.ccoo.es, sección servicios. Con respecto a las residencias no concertadas, las solicitudes para Andalucía se deben entregar en la Junta de Andalucía; las solicitudes de País Vasco y Madrid se deben remitir a las residencias directamente. En los documentos enlazados a esta información se encuentran los folletos informativos de Tiempo Libre 2011, la información sobre la campaña editada por la Secretaría de Servicios de CCOO de Sevilla, e información de cada una de las residencias con las que el sindicato tiene plazas concertadas.
En estos documentos están los plazos de solicitudes, las instrucciones para cumplimentar las mismas y los turnos disponibles de cada residencia.
martes, 1 de febrero de 2011
Más de 6.000 sevillanos y sevillanas han perdido su puesto de trabajo en 2010
31-01-2011. CCOO de Sevilla ha presentado un informe relativo a la tendencia del mercado laboral en la provincia durante 2010. El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, junto a la secretaria de Empleo, Teresa García, ha realizado una valoración sobre el estudio realizado, que "refleja claramente que la reforma laboral no ha tenido ningún efecto sobre la creación de empleo en la provincia, sino todo lo contrario". Lejos de vislumbrarse una salida de la crisis a medio o largo plazo, CCOO de Sevilla demanda de nuevo al Gobierno "la inversión productiva como camino útil para la generación de empleo y la recuperación económica de la provincia".
El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán y la secretaria de Empleo, Teresa García, han presentado un informe sobre la evolución del empleo en la provincia durante 2010. El informe, tal y como ha señalado Alfonso Vidán, refleja que "2010 lejos de haber sido un año de recuperación, se ha mostrado como un alargamiento de la crisis sumado al cambio de actitud del Gobierno que, supeditado a los intereses del capital financiero, ha realizado reformas que han supuesto un retroceso de los derechos laborales y sociales".
Esta ha sido la primera conclusión del secretario general de CCOO de Sevilla quien ha añadido que "los costes laborales no son responsables ni de la crisis ni del paro", apuntando a que en los seis primeros meses de la puesta en marcha de reforma laboral, "ha quedado demostrado como modificar las condiciones del mercado de trabajo no ha servido para crear empleo, sino para precarizar, aún más, el ya existente".
Los más de 209.000 desempleados y desempleadas de la provincia demuestran los escasos efectos de las medidas del Gobierno. "En el conjunto del país 100.000 personas han perdido su empleo desde la puesta en marcha de la reforma laboral", ha apuntado Vidán, señalando además, "la pérdida económica y de puestos de trabajo que ha supuesto el recorte en inversiones del Gobierno".
El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán y la secretaria de Empleo, Teresa García, han presentado un informe sobre la evolución del empleo en la provincia durante 2010. El informe, tal y como ha señalado Alfonso Vidán, refleja que "2010 lejos de haber sido un año de recuperación, se ha mostrado como un alargamiento de la crisis sumado al cambio de actitud del Gobierno que, supeditado a los intereses del capital financiero, ha realizado reformas que han supuesto un retroceso de los derechos laborales y sociales".
Esta ha sido la primera conclusión del secretario general de CCOO de Sevilla quien ha añadido que "los costes laborales no son responsables ni de la crisis ni del paro", apuntando a que en los seis primeros meses de la puesta en marcha de reforma laboral, "ha quedado demostrado como modificar las condiciones del mercado de trabajo no ha servido para crear empleo, sino para precarizar, aún más, el ya existente".
Los más de 209.000 desempleados y desempleadas de la provincia demuestran los escasos efectos de las medidas del Gobierno. "En el conjunto del país 100.000 personas han perdido su empleo desde la puesta en marcha de la reforma laboral", ha apuntado Vidán, señalando además, "la pérdida económica y de puestos de trabajo que ha supuesto el recorte en inversiones del Gobierno".
El nuevo panorama de las pensiones en nuestro pais
Los españoles se jubilarán más tarde y cobrarán pagas más bajas. Éstas son las claves de la reforma aprobada este viernes.
El Anteproyecto de Ley sobre la reforma de las pensiones aprobada este viernes por el Consejo de Ministros reducirá las pensiones de prácticamente todos los españoles de dos formas diferentes: por un lado, les pagará durante menos tiempo (porque eleva la edad de jubilación) y, por otro, les pagará menos mes a mes (se reduce la cuantía de la prestación).
La manera de prolongar en el tiempo un sistema insostenible es que haya menos perceptores y más paganinis (elevando la edad de jubilación), mientras se reduce la pensión de los que se jubilen (ampliando el período de cálculo). Las siguientes son las principales modificaciones en una reforma que, ya se sabe, no será la última:
1. Retraso de la edad de jubilación: Es el cambio más llamativo y el que menos explicación necesita. A partir de ahora la edad legal de jubilación será de 67 años y no de 65. Sólo aquellos que hayan acumulado 38,5 años cotizados podrán dejar el trabajo a la edad vigente hasta ahora.
2. Base reguladora: Hasta ahora, la pensión se calcula dividiendo entre 210 la base de cotización del trabajador durante los 180 meses (quince años) anteriores a su jubilación. En este cálculo se tiene en cuenta la inflación. La reforma prevé una ampliación, en dos pasos, en los años que sirven para este cálculo: primero se cogerán 20 y luego 25 años.
2.1 Ejemplo: Imaginemos a una persona que de los 40 a los 50 años cotizó el equivalente a 1.000 euros/mes actuales. A esa edad, le subieron el sueldo y empezó a cotizar 1.500 euros/mes hasta los 65 años.
Hasta ahora, su pensión sería de 1.500*180/210 = 1.285 euros al mes.
Con esta reforma, su pensión será: (1.500*180) + (1.000*120) / 350 = 1.114 euros/mes.
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