Roban a una juez de Valdemoro mientras trabajaba en su despacho.
A plena luz del día, en su propio despacho, sin armas, un joven de origen árabe - según explicaba a la SER la propia magistrada - robó el bolso de la juez María Concepción Azuara mientras estaba trabajando en su despacho de Valdemoro: "Él esperó a que estuviera sola. Se conoce que me estuvo controlando desde fuera", comentaba la magistrada que asegura que el ladrón le amenazaba con que se estuviera quieta.
La gravedad del suceso ha provocado la apertura de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la adopción de nuevas medidas de seguridad, que falló por todos los lados.
El ladrón intentó escaparse con el bolso de la magistrada pero los gritos de ésta pusieron en alerta al personal del juzgado, al vigilante de seguridad privada y a una guardia civil que se encontraba en las dependencias, sin que nadie hiciera nada por detenerle. Nadie pudo ver por donde escapó porque el juzgado no tiene cámaras de vigilancia y tampoco pasó por el arco detector de metales, según el relato de la propia juez: "Le dije a un Guardia Civil lo que me había pasado en ningún momento le identificó", aseguraba la juez. La Comunidad de Madrid ya está poniendo remedio pero del ladrón, ni rastro.
Además, se da la circunstancia de que la magistrada había advertido al personal de su oficina y a la seguridad privada que solicitaran la identificación de cualquier persona que quisiera verla. Una medida de seguridad suplementaria dado que la juez acababa de incorporarse a este destino después de haber trabajado varios años en San Sebastián.
La Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han puesto en marcha una investigación y algunas medidas de seguridad extras para evitar sucesos similares.
Ya son 9 los arrestados en la nueva etapa de la ‘operación Bachiller’
Santa Cruz de Tenerife.- El operativo del Cuerpo Nacional de Policía, que sigue abierto, está dirigido desde Madrid y no se descartan más detenciones de vigilantes de seguridad.
Ya son nueve los vigilantes de seguridad arrestados en el marco de la nueva fase de la llamada operación Bachiller, según desvelaron ayer fuentes del Sindicato Unificado de Policías (SUP)
mediante un comunicado remitido a la agencia Efe.
Los sindicalistas detallan que los nueve trabajadores, que habrían falsificado documentos públicos para cumplir con los requisitos que se exigen a la profesión, pertenecen a la empresa de seguridad Dialse Seguridad, y dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados.
Como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, los detenidos prestan sus servicios en el centro de menores con medidas judiciales sito en Valle Tabares (La Laguna). Los compañeros de los detenidos detallaron a este periódico que los detenidos eran ocho, siete de los cuales habrían sido arrestados tras ser convocados en el centro por su jefe para una reunión de trabajo. Sin embargo, las fuentes del SUP apuntan que solo se arrestó a cinco en el centro, mientras que los otro cuatro habrían sido detenidos en Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Al parecer, los detenidos habrían falsificado títulos académicos y diplomas de formación para presentarse a las pruebas de vigilantes, directores de seguridad y escoltas privados.
La policía continúa las investigaciones y no descartan nuevas detenciones, añade el SUP, que indica que las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la brigada operativa de empresas de la unidad central de Seguridad Privada en Madrid.
En las investigaciones también colaboraron policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada y de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Tenerife, aunque la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía declinó realizar comentario oficial alguno sobre los arrestos.
Se da la circunstancia de que los actuales vigilantes de seguridad de Valle Tabares fueron
subrogados a la actual empresa desde una anterior relacionada con la primera fase de la peración
Bachiller, que en mayo del año pasado desmanteló una red que se dedicaba a la falsificación de este tipo de documentación para vigilantes.
Desproporción
Las circunstancias que rodearon a las detenciones practicadas ayer en Valle Tabares siguen causando cierto estupor. Más allá de que los trabajadores fueron al lugar engañados por su jefe, que los citó para una reunión de trabajo, el hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía desplazase hasta tres furgonetas al centro de trabajo de unos acusados por el delito de falsificación de documento público se antoja desproporcionado. "Evidentemente, que te arresten en tu puesto de trabajo ya es por sí un castigo, en tanto que daña claramente tu imagen", razonaba ayer un abogado consultado por este periódico, que añadió que "habrá que esperar al comunicado oficial de las detenciones por si tal procedimiento se justifica o no".
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