* El Govern obliga a contratar ´vigilantes´ en los centros de ocio
El personal que se exige deberá evitar que se trafique con drogas y el acceso de personas violentas
F. GUIJARRO. PALMA El Govern aprobó ayer el decreto que obliga a los locales de ocio como discotecas, salas de baile, y de espectáculos públicos a contar con personal encargado de controlar tanto el acceso al recinto como el "ambiente interno" en estos establecimientos, además de exigir una formación básica para ellos mediante la superación de un curso oficial y de una prueba evaluadora. Su entrada en vigor se producirá a los seis meses de la publicación en el Boletín Oficial de Balears.
En concreto, en aquellos establecimientos que tengan una capacidad máxima de 250 a 400 personas se deberá contar con una persona encargada de vigilar lo que sucede en su interior, cifra que se eleva a dos para los aforos de 401 a 999 personas. Para los que tengan una capacidad superior a los 1.000 clientes, se les exige contar con un vigilante por cada 500 individuos o fracción.
Además, el servicio de admisión en el local debe disponer de, como mínimo, un trabajador. Las funciones que deberán desempeñar son las de impedir el tráfico y el consumo de drogas o el acceso a personas de comportamientos violentos, controlar el cumplimiento de la normativa de menores, evitar que se supere el aforo máximo o que se saquen bebidas a la calle, y velar por el cumplimiento de las normas sobre el tabaquismo, entre otras. Abusos sexuales a menores El Consell de Govern también acordó impulsar programas para prevenir y detectar los abusos sexuales a menores, entre ellos uno en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que tendrá un coste de 57.134 euros.
Fuente: diariodemallorca.es
*Sobran escoltas en el País Vasco. Las empresas los acosan para que se vayan voluntariamente
En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad privada encargados de proteger a políticos, empresarios y profesionales amenazados por ETA. El drástico y afortunado descenso de la actividad terrorista (el último atentado mortal en España fue el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009) ha provocado que los gobiernos central y vasco hayan retirado paulatinamente la protección a aquellos que no están en primera línea de fuego.
La consecuencia es que a las empresas de seguridad privada no sólo les sobran escoltas sino que están haciendo lo posible para librarse de éstos. Según denuncian los afectados, las compañías les están haciendo la vida imposible para que presenten su baja voluntaria y se vayan sin la correspondiente indemnización tras varios años jugándose la vida.
“Quieren que te aburras y que te vayas para no pagar un despido a una persona que lleva trabajando quince años."
La mayoría somos de fuera y no te dicen que puedes irte el fin de semana hasta el mismo viernes o te obligan a pedir un día libre por burofax. Te sancionan a la mínima y si denuncias te suspenden de empleo y sueldo durante el proceso. Si ganas recuperarías todo el dinero, pero mientras tanto no puedes pagar la hipoteca ni los gastos, no te puedes permitir ir a los tribunales”. Son palabras de Benito Chacón, que lleva once años protegiendo vidas en el País Vasco y lidera un sindicato independiente, USETI, con unos 300 miembros. Precisamente, se está celebrando estos días en Bilbao el Congreso Nacional de Escoltas.
En los años duros las empresas traían a la inmensa mayoría de los escoltas de fuera del País Vasco, pero “ahora que no hay muertos y falta trabajo en todos los sectores, la gente de aquí quiere entrar aunque cobren menos que los veteranos”. Un escolta puede ganar unos 2.600 euros mensuales pero a fuerza de sumar 300 horas laborales. “Trabajo treinta días al mes, a diez horas diarias de media y luego descanso tres días”, asegura Chacón, que añade que “puedes terminar una jornada a las dos de la mañana después de catorce horas de trabajo y que la siguiente empiece a las cinco de la mañana.
Tienes que hacerlo, porque sin horas extras ganamos una miseria por un trabajo en el que te la juegas a diario”.
Efectivamente, el salario base de un escolta es de tan solo 876,41 euros brutos mensuales. Si le sumamos los pluses de peligrosidad, transporte y vestuario, la cifra llega a 1.426,78 euros. En los desplazamientos disponen de 9,20 euros para comer; pernoctar y desayuno, 15,56; pernoctar y dos comidas, 31,12 euros. Si el desplazamiento es de más de siete días, el escolta se tiene que arreglar con 24,73 euros diarios para alojamiento y comidas.
El Gobierno Vasco paga a las empresas, dirigidas por ex miembros de distintos cuerpos de seguridad públicos –guardias civiles, policías, ertzainas y militares-, unos 6.000 euros mensuales por cada escolta, además de las partidas de coche y gastos. Esto supone un negocio que mueve unos 250 millones de euros anuales.
Un escolta que prefiere no revelar su nombre ha declarado a El Confidencial que ha llegado a adelantar de su bolsillo 1.400 euros “del gasoil y los peajes, porque la empresa nos obliga a ponerlo nosotros y nos lo paga cuando pasan dos meses”. Después de más de una década como guardaespaldas, la empresa acaba de darle un espejo para revisar los bajos del coche por si hubieran colocado un artefacto.
Todos los escoltas llevan instalado un localizador en su teléfono móvil que sirve a las empresas para vía satélite tener su ubicación. “Es ilegal y vulnera nuestra privacidad. Estamos controlados las 24 horas del día y utilizan la información para sancionarnos si registramos el servicio a 500 metros del lugar de la recogida del protegido”, sostiene Benito Chacón. Otro escolta asegura que se ha llegado a un punto en el que “estamos más pendientes de si hay cerca una patrulla de la Ertzaintza para hacernos una inspección que de vigilar a los etarras”.
Accidentes y suicidios por estrés laboral
Desde USETI pidieron una reunión con la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco para tratar estos asuntos, pero no han recibido respuesta. Son muchos los escoltas que ven la cuerda demasiado tensa. Se han jugado la vida durante años, la tensión de la amenaza terrorista y la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar –hay un muy alto porcentaje de divorcios entre los escoltas- se traduce en numerosas bajas psicológicas. Las situaciones más dramáticas han terminado en suicidio, como ocurrió con un escolta que se quitó la vida en Vitoria el pasado 19 de marzo. “Están presionando a gente que lleva pistola”, advierte Benito Chacón. En los últimos diez años se han registrado doce muertes relacionados con el trabajo, entre accidentes y suicidios motivados por el estrés laboral, según los cálculos de USETI.
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), confía en recuperar puestos de trabajo si las administraciones transfiere a las empresas privadas servicios de escolta que actualmente hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “como ya hicimos con los empresarios”, dice. Coincide con los escoltas consultados en cuanto a la “precariedad” que sufren y sostiene que “las empresas se han encontrado con que han bajado los precios que paga el Gobierno Vasco y por eso intentan que se vayan los escoltas veteranos y sustituirlos por otros más baratos”.
Fuente: elconfidencial.com
* Acusan a un hombre por adquirir un título de ESO para trabajar como vigilante
La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra un hombre al que acusa de adquirir un título de graduado en Educación Secundaria que presentó para conseguir la habilitación para trabajar como vigilante de seguridad.
Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, el acusado adquirió de otro hombre, contra el que se siguen otras diligencias, dicho título de graduado, que presentó en la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial.
El objetivo, según indica el ministerio público en su escrito inicial, era la obtención de la
habilitación como vigilante de seguridad, que consiguió así en septiembre de 2007, "trabajando desde dicha fecha hasta octubre de 2010 como vigilante".
Para el ministerio público, se trata de un delito de intrusismo, por el que solicita que se imponga al acusado una multa de 1.440 euros. Así, pide que se abra juicio oral ante el juzgado de lo Penal que corresponda.
Fuente: elmundo.es
*Cae una red que ofrecía 'seguridad total' a los narcos que introducían droga por la costa
Su elevada especialización y los avanzados sistemas tecnológicos que utilizaban ofrecían una seguridad total a los narcotraficantes que operan en la Costa de Huelva, uno de los principales puntos de entrada de la droga en España. Esta red de ayuda contaba, incluso, con el concurso de agentes de la Guardia Civil y vigilantes de seguridad. La Policía Nacional ha conseguido desmantelarla tras siete meses de investigaciones dentro de la 'operación Mecánico'.
El pasado mes de marzo ya trascendió la detención e ingreso en prisión de dos agentes de la Guardia Civil de Huelva, pertenecientes a los servicios Marítimo y Automovilístico, y de seis personas más por su implicación en esta red, que en su desarticulación definitiva ha elevado la cifra de detenidos a diez personas, entre ellas un vigilante de seguridad.
Además, la Policía Nacional, en una investigación llevada a cabo con el Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte, se ha incautado de más de dos toneladas de hachís y de un sofisticado material de vigilancia, armas de diverso calibre y más de 40.000 euros en metálico.
La red llegó a inutilizar puntos de vigilancias del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para dejar una zona oscura con el objetivo de facilitar el desembarco de hachís. Además, la trama de apoyo a los narcos instaló dispositivos electrónicos de localización (balizas) en once vehículos policiales y en las patrulleras del Servicio de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil para controlarsus movimientos.
Los dos guardias civiles y el vigilante de seguridad detenidos se servían de sus destinos para aportarseguridad marítima y terrestre a otros grupos criminales. Los tres, según la Policía, estaban integrados "en el núcleo de la organización". En concreto, el guarda jurado estaba destinado en la Agencia Tributaria y trabajaba en el muelle del Tinto, desde donde vigilaba los movimientos de las patrulleras de Aduanas.
Vigilancia de guardias civiles
Entre los arrestados también se encuentran los encargados de otras tareas como la vigilancia de miembros de las fuerzas de seguridad o el control de vehículos y embarcaciones, así como el máximo responsable de la red, un hombre de 33 años vecino del núcleo costero El Rompido (Cartaya), relacionado con otros narcotraficantes de la zona. La red usaba también terminales de transmisiones de los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eran "extraviados" los días de los alijos y con los que la organización estaba al tanto de los avisos realizados por la sala de operaciones de Guardia Civil.
Las organización criminal adoptaba innumerables medidas de seguridad en los contactos y reuniones que mantenían, en las que utilizaban gafas con sistema de grabación o bolígrafos grabadores para visionar posteriormente si había miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las inmediaciones.
La Policía Nacional intervino las balizas, tres armas de fogueo y una pistola del calibre 6,35, dos escopetas paralelas del calibre 12, dos revólveres del calibre 38 especial, y abundante munición. También se intervino sofisticado material de vigilancia como prismáticos de largo alcance, teleobjetivos y ocho equipos de onda corta para transmisiones y varias cámaras fotográficas y de vídeo de alta resolución, utilizado para comunicarse entre sí, vigilar el entorno y grabar las posibles rutas a emplear por los narcotraficantes. Además, los agentes decomisaron multitud de teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que empleaban para dificultar la acción policial, tres vehículos, 1.000 euros en efectivo y abundante documentación.
Fuente: elmundo.es
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